La postergación del debate de la reforma laboral no solo retrasa cambios en el régimen de trabajo, sino que también pone en pausa una baja de impuestos de alto impacto incluida en el proyecto que el Gobierno llevará recién a sesiones extraordinarias en febrero.
El texto impulsado por el Poder Ejecutivo incorpora, en sus Títulos XXIII y XXIV, un bloque fiscal integral que apunta a reducir la carga tributaria sobre empresas, sectores productivos y consumo.
Entre las medidas más relevantes figura la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que bajaría del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para determinados ejercicios y escalas, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y la inversión.
El proyecto también prevé beneficios en el IVA, como la aplicación de una alícuota reducida del 10,5% para la energía eléctrica utilizada en riego agroindustrial, una demanda histórica del sector agropecuario.
Otro punto central es la eliminación de impuestos internos que hoy gravan la venta de automóviles, celulares, productos electrónicos y bienes suntuarios, lo que impactaría directamente en precios y consumo.
Además, la iniciativa contempla actualizar los quebrantos impositivos por inflación (IPC), permitiendo su cómputo real en Ganancias, y eximir del impuesto a las ganancias determinados alquileres y ventas de inmuebles destinados a casa-habitación.
El paquete fiscal se completa con la derogación de tributos específicos que actualmente financian fondos sectoriales, como los vinculados al Fondo de Fomento Cinematográfico y otros gravámenes sobre medios y señales de comunicación.
Con la decisión de La Libertad Avanza de postergar el tratamiento legislativo por falta de apoyos, todas estas medidas quedaron en suspenso, a la espera de una nueva negociación política en el Congreso.
Desde el oficialismo admiten que el costo fiscal de la reforma es uno de los puntos más sensibles del debate, especialmente en un contexto de equilibrio fiscal y metas de reducción del déficit.
Así, la baja de impuestos prometida por el Gobierno tendrá que esperar, al menos hasta febrero, cuando el proyecto vuelva a escena en sesiones extraordinarias y se defina si el alivio tributario finalmente avanza o vuelve a ser ajustado.