El Poder Ejecutivo Nacional dispuso la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del régimen diferencial de contribuciones patronales aplicable a los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial, a través del Decreto (PEN) 939/2025, publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026.
La medida extiende la exclusión prevista en el artículo 24 de la Ley 27.541, permitiendo que estos empleadores continúen aplicando las alícuotas de contribuciones patronales vigentes con anterioridad a la reforma, en lugar de quedar alcanzados por el esquema general aplicable al resto del sector privado.
El beneficio alcanza a instituciones educativas privadas con aporte estatal total, parcial o sin aporte, comprendidas en las Leyes 13.047 y 24.049, y resulta aplicable a partir del 1 de enero de 2026, evitando un incremento significativo en los costos laborales del sector.
En los considerandos, el decreto destaca que el componente salarial representa el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos privados, y que la aplicación del régimen general de contribuciones habría generado un aumento desmesurado de las cargas patronales, con mayor impacto en las jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se advierte que, en los casos de instituciones con aporte estatal, el incremento de las contribuciones hubiera implicado un mayor esfuerzo presupuestario para las provincias, mientras que en los establecimientos sin aporte o con aporte parcial habría derivado en subas relevantes de los aranceles educativos, afectando directamente a las familias.
El Poder Ejecutivo fundamentó la prórroga en la necesidad de preservar la continuidad y calidad del servicio educativo, especialmente en regiones vulnerables y en instituciones de bajos recursos, y en los informes técnicos favorables emitidos por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Capital Humano.