En el recinto, además de discutir vetos presidenciales y proyectos de gobernadores, los legisladores tratarán una reforma del Régimen Penal Tributario. La propuesta, impulsada por el diputado Oscar Agost Carreño, busca actualizar los umbrales económicos para la evasión fiscal y adecuar el régimen a la realidad inflacionaria. El proyecto, que cuenta con dictamen desde noviembre de 2024, podría recibir respaldo opositor y oficialista en un contexto de alta tensión política.
En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá una de las reformas más relevantes en materia penal-económica de los últimos años: la actualización de los umbrales del Régimen Penal Tributario (Ley 24.769).
El proyecto, con dictamen de la Comisión de Legislación Penal desde noviembre de 2024, unifica iniciativas del diputado Oscar Agost Carreño y de un grupo encabezado por Ricardo López Murphy. La propuesta busca reemplazar los valores fijos en pesos por una referencia dinámica al salario mínimo vital y móvil (SMVM), de modo que los montos que configuran los delitos de evasión, apropiación indebida y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales se actualicen automáticamente con cada modificación del salario base.
Recordamos que según la normativa actual, Título IX de la Ley 27430, la evasión simple se tipifica cuando el monto evadido excede los $1.500.000 por cada tributo y ejercicio anual. Por otro lado, la evasión agravada se da cuando el monto supera los $15.000.000, montos que no se actualizaron nunca desde su aprobación en diciembre del año 2017.
Con este esquema, la ley deja de depender de montos nominales que rápidamente quedaban desactualizados por la inflación y pasará a indexarse de manera automática. Por ejemplo, con el salario mínimo de agosto 2025 en $322.000, la evasión simple se configuraría a partir de aproximadamente $111.090 millones por tributo y por ejercicio.
La iniciativa busca equilibrar la actualización periódica de los delitos tributarios, dar previsibilidad al sistema judicial y evitar que la inflación erosione el alcance real de las sanciones.
De aprobarse, el proyecto volverá al Senado para su revisión, en un contexto político donde el oficialismo y la oposición miden fuerzas voto a voto en temas fiscales y previsionales.
El tratamiento del Régimen Penal Tributario se dará en una sesión atravesada por fuertes tensiones: la oposición buscará revertir vetos presidenciales vinculados a jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y emergencia en Bahía Blanca, mientras que el oficialismo intentará contener los votos para evitar una nueva derrota.
Pese al clima adverso, fuentes legislativas señalaron que la reforma penal tributaria podría encontrar consensos, ya que responde a un reclamo histórico de contadores, tributaristas y el propio sector empresario, que piden seguridad jurídica y actualización periódica de los montos.
De prosperar, la medida significará que la evasión fiscal solo será perseguida penalmente a partir de cifras ajustadas a la realidad económica actual, lo que permitiría al sistema judicial enfocarse en casos de mayor relevancia y evitar un uso excesivo de recursos en causas menores.
Si bien el proyecto tiene altas chances de avanzar en Diputados, aún deberá atravesar el Senado para convertirse en ley. En paralelo, el Gobierno había anunciado un anteproyecto integral de reforma tributaria y penal fiscal, que todavía no fue activado en comisiones.
En ese contexto, la sesión de este miércoles podría marcar un punto de inflexión en la política fiscal y penal tributaria argentina, al actualizar una normativa que no se ajustaba al impacto de la inflación en los parámetros del sistema impositivo.